Módulo Integrado: Consulta Previa, gestión ambiental

La gestión social en minería en el Perú se articula en distintas fases y con instrumentos normativos y operativos que buscan garantizar el respeto a los derechos de las comunidades, la sostenibilidad ambiental y la transparencia de la actividad extractiva. Este módulo reúne los aspectos esenciales de la Consulta Previa, los instrumentos de gestión ambiental con componente social, los mecanismos de quejas y reclamaciones, la gestión de impactos e inversión social estratégica, el monitoreo y reporte de indicadores, y finalmente, el cierre y post-cierre con enfoque social.

La Consulta Previa, regulada por la Ley N.º 29785 y su Reglamento (D.S. 001-2012-MC), se aplica cuando un proyecto afecta directamente a pueblos indígenas u originarios. Su implementación inicia con la identificación de comunidades potencialmente impactadas y se coordina con el Viceministerio de Interculturalidad, que establece la ruta y valida la pertinencia del proceso. La consulta se desarrolla en fases que incluyen la planificación, la difusión de información, el diálogo intercultural y la adopción de acuerdos. Su articulación con la participación ciudadana y los estudios ambientales es fundamental para evitar duplicidades, conflictos procedimentales y retrasos, asegurando que las comunidades tengan una participación clara y efectiva en la toma de decisiones.

Los instrumentos de gestión ambiental, en particular el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), sus modificaciones y los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), incorporan un componente social obligatorio. Estos instrumentos deben incluir la línea base social, la identificación de impactos sociales, las medidas de mitigación, indicadores verificables, cronogramas de ejecución y presupuesto. El SENACE, como autoridad certificadora, revisa estos elementos, responde a las observaciones y asegura que las medidas sociales estén alineadas con los compromisos ambientales, integrando ambos planos en un solo sistema de gestión.

El mecanismo de quejas y reclamaciones (grievance mechanism) es una herramienta práctica que refuerza el relacionamiento comunitario. Su diseño debe responder a principios de accesibilidad, confidencialidad, trazabilidad y tiempos de respuesta razonables. La empresa debe garantizar que toda queja se registre, se gestione de forma transparente y se cierre con retroalimentación a los afectados. En casos donde la queja involucre incumplimientos ambientales o sociales significativos, corresponde reportar al OEFA, fortaleciendo la confianza y la transparencia del sistema.

La gestión de impactos e inversión social estratégica marca la transición de una lógica de mitigación hacia la generación de valor compartido. El plan social debe adaptarse a cada etapa del ciclo minero: exploración, construcción, operación, mantenimiento y cierre. Entre los instrumentos más relevantes se incluyen los convenios marco con comunidades, las políticas de compras y empleo local, los programas de género e inclusión, y las salvaguardas para evitar la dependencia económica de la población respecto a la empresa. Estos instrumentos consolidan relaciones de largo plazo, alineando los proyectos sociales a los riesgos e impactos del proyecto, así como a las prioridades locales de desarrollo.

El monitoreo social y la reportabilidad constituyen una obligación y una buena práctica. Los proyectos deben definir indicadores clave de desempeño (KPIs) en gestión social, asegurando la recolección sistemática de datos y su comunicación transparente a las comunidades, al SENACE, al OEFA y a iniciativas de transparencia como la EITI. Asimismo, se promueve la integración de estándares internacionales voluntarios como la GRI, la ISO 26000 o los Performance Standards de la IFC, que elevan la calidad del reporte y lo alinean con marcos globales de sostenibilidad.

Finalmente, el cierre de minas con enfoque social, regulado por la Ley N.º 28090 y su reglamento (D.S. 033-2005-EM), exige que la empresa planifique desde el inicio de operaciones no solo la rehabilitación ambiental, sino también la reconversión productiva de las comunidades y su sostenibilidad post-cierre. Este proceso incluye la participación ciudadana, la implementación de proyectos que fortalezcan las capacidades locales, la vigilancia comunitaria posterior al cierre y el mantenimiento de convenios y compromisos adquiridos. De esta forma, se asegura que la salida de la empresa no genere vacíos socioeconómicos y que la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo local sea ordenada y sostenible.

En conjunto, estos elementos conforman un marco integral de gestión social y ambiental en la minería, donde la consulta, la participación, la transparencia y el respeto a los derechos son los pilares que garantizan la sostenibilidad de la actividad extractiva en el Perú.