Módulo 3 Participación ciudadana efectiva (obligatoria)

La participación ciudadana en minería es un derecho de la población y, al mismo tiempo, una obligación regulada para las empresas. En el Perú, su marco principal está definido en el D.S. 028-2008-EM, que establece los mecanismos, hitos y responsabilidades de las compañías en todas las etapas del ciclo minero. La participación no se reduce a un trámite formal: constituye un proceso de construcción de confianza, transparencia y legitimidad, y es un requisito indispensable para asegurar la licencia social para operar.

En el plano obligatorio, la normativa contempla espacios como las audiencias públicas, talleres participativos y acceso a información clara y oportuna. Estos mecanismos buscan que las comunidades puedan expresar sus opiniones, formular observaciones y recibir respuestas verificables respecto a los proyectos mineros. La autoridad competente evalúa si la empresa ha cumplido con estas obligaciones, y su omisión puede invalidar o retrasar la aprobación de los estudios ambientales.

Más allá de las exigencias legales, la gestión social moderna exige un relacionamiento continuo. Esto implica que la empresa no debe limitarse a cumplir con las audiencias o talleres formales, sino mantener un diálogo abierto y permanente con las comunidades vecinas. El relacionamiento continuo se basa en principios de comunicación bidireccional, respeto cultural, inclusión de grupos históricamente vulnerables y la implementación de mecanismos de queja o reclamo accesibles y efectivos.

Un aspecto central de este proceso es la transparencia de la información: las comunidades requieren comprender los alcances reales del proyecto, sus impactos positivos y negativos, y las medidas de mitigación comprometidas. La empresa debe emplear metodologías adecuadas al contexto, como materiales en lenguas originarias, infografías o reuniones comunitarias adaptadas a la realidad local.

La participación ciudadana efectiva también se articula con la prevención de conflictos sociales. Un proceso de diálogo mal gestionado, con información incompleta o poco clara, puede generar desconfianza y resistencia. En cambio, cuando las comunidades se sienten escuchadas y valoradas, aumenta la posibilidad de llegar a acuerdos sostenibles y reducir los riesgos de paralizaciones o enfrentamientos.

Finalmente, el relacionamiento continuo no termina con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o el inicio de operaciones. A lo largo de toda la vida del proyecto —incluyendo el cierre—, la empresa debe mantener canales de comunicación y diálogo permanente, ajustando sus estrategias en función de los cambios en el territorio y en la percepción social. De esta manera, la participación ciudadana se convierte en una práctica viva que fortalece la sostenibilidad del sector y asegura que los beneficios de la minería se desarrollen en armonía con las expectativas y derechos de las comunidades.